Un estudio científico confirma el grave impacto del uso de agrotóxicos en el ambiente y la salud humana
La Agencia Tierra Viva publicó una nota de Anabel Pomar, periodista especializada en temas ambientales, en la que informa que el proyecto internacional Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal), realizado entre 2020 y 2025 por científicos de once países europeos y la Argentina, confirmó con evidencia científica el grave impacto del uso de agrotóxicos en el ambiente y la salud humana. A pesar de la relevancia de los hallazgos, en la Argentina, el estudio fue censurado por el propio organismo estatal que participaba del proyecto: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Argentina fue el único país no europeo incluido en la investigación, por la fuerte vinculación comercial de sus exportaciones (granos y carnes) con la Unión Europea. En el país, los muestreos se realizaron en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Participaron 73 personas divididas en consumidores, habitantes rurales y productores (la mitad agroecológicos y la otra mitad usuarios de pesticidas). También se analizaron catorce establecimientos rurales, tomando muestras del ambiente, alimentos, animales y fluidos humanos.
Los resultados fueron alarmantes: todas las personas testeadas tenían glifosato en el cuerpo, tanto en zonas rurales como urbanas. Además, se detectaron entre seis y trece plaguicidas en orina, dos a diez en sangre y hasta dieciocho en materia fecal. Las pulseras utilizadas para monitorear la exposición indicaron que algunas personas estuvieron en contacto con hasta 53 plaguicidas.
En comparación con Europa, los suelos, aire, agua y alimentos en la Argentina tienen mayores concentraciones de agrotóxicos. En el polvo de los hogares argentinos se hallaron entre 43 y 86 plaguicidas, y en alimentos entre 6 y 22. También se detectaron residuos en granos, animales y alimento animal, con niveles muy superiores a los europeos.
En total, Sprint identificó entre 78 y 115 plaguicidas en distintas matrices ambientales. Algunos de ellos, como el DDT, están prohibidos desde hace décadas. El estudio detectó también hasta 173 plaguicidas distintos en las personas mediante el monitoreo directo. Además de su presencia, se comprobó que muchos de estos compuestos afectan el microbioma intestinal, lo cual tiene implicancias en la salud digestiva, hormonal, mental y social.
Los impactos más graves se dan en niños pequeños y bebés prenatales, incluso a bajas dosis. Los investigadores concluyen que los sistemas actuales de aprobación y control de plaguicidas son insuficientes, ya que analizan sustancias por separado, sin tener en cuenta los efectos combinados ni las exposiciones crónicas.
Violette Geissen, coordinadora del proyecto, advirtió que es necesario repensar cómo se mide el riesgo. Propuso abandonar el enfoque «sustancia por sustancia» y avanzar hacia modelos holísticos, que consideren la interacción entre múltiples contaminantes y su acumulación en tiempo real.
En Argentina, el INTA formó parte del proyecto como «socio número dieciséis»», pero en 2023 abandonó oficialmente el consorcio mediante la resolución 2023-399, sin dar a conocer los hallazgos. A la investigadora Virginia Aparicio, responsable local del trabajo, se le prohibió hablar públicamente del tema y fue sometida a un sumario interno.
Los datos fueron presentados públicamente el 25 de junio de 2025 en Bruselas. Allí, Sprint alertó que los efectos ambientales de los «cócteles de pesticidas» son mucho más peligrosos que los efectos individuales. Incluso cuando una sustancia pasa los estándares de seguridad, sus combinaciones pueden ser letales para los ecosistemas y para las personas.
El informe final también incluye recomendaciones políticas urgentes. Una de ellas es revisar los métodos de aprobación de plaguicidas, para incluir evaluaciones basadas en sistemas y no solo en sustancias aisladas. Otra, es brindar apoyo real a los productores que deseen hacer la transición hacia prácticas agroecológicas. Se destaca que estos modelos pueden ser rentables si cuentan con apoyo estatal, además de ser más seguros para la salud y el ambiente.
El proyecto Sprint deja en evidencia la urgencia de reducir el uso de agrotóxicos, mejorar los sistemas de evaluación de riesgos y priorizar políticas públicas que protejan la salud humana y los ecosistemas. La censura del informe en Argentina y el abandono del INTA demuestran la falta de compromiso político con el problema, aunque la evidencia ya no puede ocultarse.
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