Quieren proscribir a Cristina y amordazar al pueblo
La Coalición por una Comunicación Democrática (CDD) reclama un urgente debate sobre el modelo de comunicación.
El «fusilamiento» judicial llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal 2 contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, merece el más enérgico repudio de la Coalición por una Comunicación Democrática, que se suma a miles de voces que no están dispuestas a ser gobernadas por el contubernio mafioso del Grupo Clarín con jueces cómplices, servicios de inteligencia y funcionarios serviles al poder económico.
La trama oscura de este «estado paralelo» que intenta conducir en las sombras los destinos del país existe, entre otras cosas, porque se ha permitido la continuidad y profundización de un modelo de comunicación impuesto por el macrismo, que resulta funcional a la persecución de los dirigentes populares, a la discrecionalidad y falta de independencia del poder judicial y a la impunidad del poder económico, incluidos los negocios de Clarín-Cablevisión-Personal.
Es doloroso que al cumplirse —este 10 de diciembre— trece años de la puesta en funciones del primer directorio en democracia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), el actual gobierno y el parlamento no hayan asumido medidas concretas para recuperar el espíritu federal, inclusivo, republicano y democrático de la Ley de Servicios Audiovisuales mediante, al menos, la derogación del decreto 267/15 de Mauricio Macri, que fomentó la concentración y el abuso de poder en beneficio de la mayor empresa de comunicaciones de la región.
Ese mismo contubernio mediático-judicial es la causa de la persecución y la proscripción a Cristina Kirchner y es lo que permite el vaciamiento de las instituciones republicanas a manos de este poder que conspira con un claro propósito de beneficio económico.
La reforma judicial es impostergable. Pero cambiar el modelo mercantil, concentrado y unitario de la comunicación es el otro imperativo de la hora para que no se pierda la democracia. A tal fin, la CCD recupera el reclamo de su Congreso Nacional de julio pasado para restablecer y actualizar la vigencia de las leyes 26522 y 27078, incluir los servicios audiovisuales de cualquier naturaleza en la tutela jurídica del derecho a la comunicación, restablecer el federalismo mediante la inmediata convocatoria al Consejo Federal de Comunicaciones en la órbita de Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), adoptar urgentes medidas en materia de asignación de publicidad y políticas activas de fomento y promoción del pluralismo informativo.
