Propuesta para incluir los derechos a la libertad de expresión y la información en la nueva Constitución de Santa Fe
A partir del hoy la convención constituyente de la provincia de Santa Fe debatirá la posibilidad de modificar 42 artículos de su Carta Magna, incorporando derechos y garantías. El Sindicato de Prensa Rosario, la Asociación de Prensa de Santa Fe, la Escuela de Comunicación Social de la UNR, el Instituto Superior de Educación Técnica N° 18, el Instituto de Periodismo Rosario y la Federación Argentina de Radios Comunitarias entregaron a los convencionales una propuesta para incluir los derechos a la libertad de expresión y a la información en el artículo 11 de la nueva Constitución provincial.
Las organizaciones citadas —con la adhesión al documento del Centro de Estudios en Derecho a la Comunicación y el Centro de Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario— elaboraron en conjunto el texto que propone ampliar los contenidos del artículo 11 de la Constitución provincial y reconocer el derecho de todas las personas a recibir, buscar y difundir informaciones de toda índole, por cualquier medio o dispositivo tecnológico creado o a crearse.
La redacción colectiva entiende que la información es un derecho humano y un bien social que corresponde a un sujeto universal, de ahí la necesidad de asegurar los principios de pluralismo, diversidad y respeto a las culturas, las creencias y las distintas corrientes de pensamiento y de opinión.
El Estado provincial tiene asignada responsabilidades para asegurar los principios citados, entre ellos la conectividad, la existencia de medios públicos, de los privados comerciales y también de los privados sin fines de lucro, para los que se consideran necesarias las políticas de fomento, todo orientado a informar, educar y entretener a la población.
Los derechos a la libertad de expresión y a la información —dice el texto—, no estarán sujetos a autorizaciones, ni a censura previa, ni a medidas restrictivas directas o indirectas. En cuanto a la distribución de la publicidad oficial se habla de la necesidad de que se cumpla con los presupuestos de equidad y transparencia.
Más adelante se sostiene que todos los habitantes de la provincia, sin tener que explicar motivos, tienen derecho al acceso gratuito e irrestricto a la información pública, una condición que no cumple la ley actual sancionada en 2024 y, además, se incluye el secreto de las fuentes de información periodísticas que alcanza a los apuntes, archivos profesionales y personales de los trabajadores de prensa.
Un párrafo se destina a la necesidad de la prohibición de toda apología del odio nacional, racial, sexista, o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia y también las garantías de medidas contra el flagelo de las informaciones falsas.
Todos los contenidos propuestos se orientan al logro de una comunicación plural, inclusiva y que aporte a la mayor democracia informativa.
MÁS INFO
Convocan a asamblea de medios cooperativos y comunitarios frente al Enacom
POR ESFERA REDACCIÓN | Denuncian que el Gobierno nacional, incumpliendo la ley, paralizó el fomento a los medios cooperativos y comunitarios, mientras financia a los medios amigos con pauta publicitaria.
Adorni lanzó Fake-7-8, un streaming para criticar a medios y periodismo
POR ESFERA REDACCIÓN | La disputa por la veracidad y la legitimidad del discurso público sumó un nuevo episodio: el vocero presidencial Manuel Adorni estrenó este viernes 11 un nuevo formato de comunicación oficial. Se trata de Fake-7-8, un programa semanal transmitido por streaming en el que analiza lo que el Gobierno nacional considera «noticias falsas» publicadas por medios de comunicación.
Gaza: Muchas empresas se benefician con la destrucción de la vida palestina
POR ESFERA REDACCIÓN | El jueves 3 de julio de 2025, la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe en el que relata las formas concretas en las que empresas e instituciones han colaborado con la ocupación o colaboran actualmente con el genocidio del pueblo palestino.
