Por otros 50 años más
La sanción de la ley que otorga fondos para las industrias culturales y las bibliotecas barriales no solo garantiza asignaciones específicas con ese fin, sino que permitió visibilizar debates sobre políticas públicas destinadas a la construcción de la identidad y la producción cultural-comunicacional argentina.
Las comunidades de la cultura, la comunicación y la educación popular festejamos la sanción definitiva de la ley que garantiza por cincuenta años más las asignaciones específicas para las industrias culturales y las bibliotecas barriales diseminadas por todo el país.
La iniciativa fue promovida por múltiples movilizaciones de organizaciones del teatro, la música, el audiovisual, las emisoras públicas y sin fines de lucro, que visibilizaron y comprometieron posiciones que defendían una política de Estado de fomento y regulación soberana de bienes y servicios culturales, más allá de parámetros fiscalistas determinados por el gobierno anterior.
Presentado por el diputado Pablo Carro, el proyecto de ley prolongó su tratamiento desde Diputados (con media sanción a partir de un laborioso acuerdo del Frente de Todos con diversas fuerzas políticas provinciales y los legisladores de la izquierda), hacia un Senado donde el radicalismo se animó a apoyar, saliendo de un abstencionismo practicado en la Cámara Baja que contrapunteó con algunos votos negativos del Pro en Cambiemos.
Ciertamente, aparecieron argumentos sobre los puntos más virtuosos de las políticas públicas que han concebido transversalmente la construcción de la identidad y la producción cultural-comunicacional argentina (más allá del anclaje partidario de tal o cual actor famoso). Se avaló la existencia de fondos de fomento para el semillero productivo de películas, series, programas de radio, documentales y podcasts, artes escénicas con música, teatro y danza, destacando que los hitos de premiación y las épocas doradas fueron apuntaladas por gestas colectivas y asignaciones específicas de recursos públicos.
Pero también se alertó sobre la necesidad de mayor federalismo en las ejecuciones de los fondos (especialmente para las producciones más costosas audiovisuales que se centralizan en CABA), en los rediseños institucionales y en las actualizaciones de garantías de disponibilidad de contenidos (cuotas de pantallas y de catálogos, no sólo reglamentadas sino fiscalizadas para su efectivo cumplimiento).
Lo más saludable sin duda ha sido el reencuentro en las discusiones y en la percepción de que es necesaria y posible la reunión de miradas e incidencias. #QueseaLey y #50años fueron hashtags compartidos. También se compartieron las preguntas sobre cómo seguir.
Son tiempos de profunda reconversión de la inversión pública y privada, con herencias recibidas de relaciones de poder y limitaciones de gestionar lo público. Mientras «las plataformas» acumulan excedentes fronteras afuera y reinvierten algo en una decena de promocionadas realizaciones, resulta crucial la capacidad institucional del Estado como redistribuidor del poder simbólico para ayudar a reducir la concentración y la dependencia.
El mayor desafío será la actualización del encuadre regulatorio y de fomento, como se hizo cuando irrumpió la TV de pago, para que haya disponibilidad de recursos hacia los más vulnerables desde una mirada de soberanía cultural, garantía de derechos de acceso, disfrute y producción de hechos y contenidos nacionales.
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