Organizaciones sociales reclaman un proceso transparente y con perspectiva de género para la selección del Defensor del Pueblo
Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Poder Ciudadano presentaron un documento con criterios para la designación del Defensor del Pueblo de la Nación. Piden garantizar idoneidad moral, independencia, trayectoria en derechos humanos y alternancia de género en un cargo clave que lleva dieciséis años vacante.
En el marco del proceso de selección iniciado por la Comisión Bicameral del Congreso para designar a la autoridad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Amnistía Internacional, ACIJ, CELS, FARN y Poder Ciudadano presentaron el documento Criterios para la designación de su titular tras dieciséis años de vacancia.
Las organizaciones plantean la necesidad de garantizar que la persona elegida cuente con idoneidad moral, independencia y una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, así como con un compromiso claro con la igualdad de género.
La designación de una nuevo titular para la Defensoría del Pueblo representa una oportunidad histórica para restablecer el funcionamiento de una institución clave del sistema democrático, encargada del control del poder público y la tutela de los derechos fundamentales.
Asimismo, los organismos subrayan la importancia de incorporar criterios de igualdad y diversidad en el proceso de selección, promoviendo la representación de distintas regiones y trayectorias profesionales, y asegurando la alternancia de género en la conducción. De este modo, sostienen, se podrá fortalecer la confianza ciudadana y consolidar el rol de la Defensoría como herramienta esencial del Estado de derecho.
También destacan que la designación de una nueva autoridad para la Defensoría del Pueblo de la Nación representa una oportunidad histórica para restablecer el funcionamiento de una institución clave del sistema democrático, encargada del control del poder público y la defensa de los derechos humanos.
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