Mediatizar el miedo
En Mediatizar el miedo Washington Uranga analiza la estrategia de poder del gobierno de Javier Milei, basada en la «batalla cultural», que se desarrolla en tres etapas: ruptura simbólica con el pasado, sistematización del odio hacia opositores y una tercera fase basada en el miedo para paralizar la disidencia. Aquí, una síntesis.
En este artículo, publicado por la revista Acción, Uranga plantea que la estrategia de poder del gobierno de Javier Milei tiene su fundamento en la denominada «batalla cultural», que reemplaza a la acumulación política tradicional y que desde luego atribuye a la casta. Esta estrategia se desarrolla en tres etapas progresivas y acumulativas.
La primera etapa fue de carácter simbólico. El objetivo era establecer un punto de quiebre fundacional con el pasado, negando cualquier valor a lo precedente. Esto se manifestó en gestos como el discurso presidencial de espaldas al Congreso, el uso de lenguaje despectivo hacia el Estado y los representantes políticos, y el cambio de nombre a edificios y lugares emblemáticos. La idea central era que con Milei comenzaba una nueva Argentina, borrando todo lo anterior.
La segunda etapa consistió en la sistematización del odio. Sobre la base de la negación del pasado, se ataca activamente a quienes se oponían al proyecto libertario. Para ello se utiliza la descalificación, la mentira y la difamación contra un abanico creciente de adversarios: primero, los rivales políticos; luego, los trabajadores que defendían sus derechos y, finalmente, artistas, periodistas y figuras de la cultura. El autor señala que se instaló la idea de que cualquier disidencia respondía a la corrupción o la traición, deslegitimando cualquier crítica y atacando incluso a antiguos aliados que mostraban el más mínimo desacuerdo.
La tercera etapa, en curso, se centra en generar miedo para paralizar cualquier tipo de reacción democrática. Esta fase sintetiza las anteriores, sumando al odio y al descrédito la amenaza palpable de consecuencias reales. El miedo se dirige a quienes piensan diferente, con el riesgo de ser estigmatizados, perder el trabajo o enfrentar la represión y la cárcel sin sustento legal. Se busca imponer la «ley del más fuerte», silenciando la protesta y «cazando» voces disidentes con violencia física o simbólica. En ocasiones esta «cacería» cuenta con la ayuda de sectores cómplices de la Justicia.
Todo este proceso —señala Uranga— está acompañado por una represión constante, espionaje ilegal y la violación de normas democráticas en los poderes legislativo y judicial.
A continuación, advierte que se trata de una estrategia deliberada y perversa. Y apunta que incluso los medios afines al Gobierno comienzan a mostrar preocupación ante un posible fracaso económico que podría derivar en un «vamos por todo», donde nadie estaría a salvo. En ese escenario, cualquier opositor podría ser calificado de «terrorista».
Finalmente, reitera que «nada es casual» que «todo es parte de una estrategia perversamente pensada. Creer algo distinto revela ingenuidad. No denunciarlo es insensatez, cobardía o complicidad».
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