Malvinas: raíces de la desinformación
Entre los preparativos para el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas ordenado por la dictadura, el 2 de abril de 1982, se puso en marcha un operativo de manipulación y acción psicológica en los medios de comunicación estatales y privados que sería, hoy, definido como una campaña de desinformación y fake news (noticias falsas).

El gobierno militar contaba con un potente aparato de comunicación, tenía contratados a varios de los principales creativos publicitarios de la época, tejió acuerdos con los dueños de la mayoría de los medios privados, mientras que otros sufrieron secuestros y torturas (Jacobo Timerman) o están desaparecidos (Julián Delgado). Sin embargo, el control de la agenda pública durante años no se explica únicamente por su dominio de emisoras, el talento del marketing o negocios como el de Papel Prensa S.A., que unió al Estado con Clarín, La Nación y La Razón en 1977 tras la desposesión de las acciones a la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, también ella secuestrada y torturada.
Las redes sociales de información y entretenimiento no eran digitales, pero la televisión, la radio, los diarios y las revistas tenían circulación masiva. En las semanas previas a la incursión en Malvinas, el Gobierno de facto redobló el control que ejercía en las redacciones desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 (que la mayoría de los medios había festejado) y desplegó una campaña que exaltaba los valores patrióticos en la que colaboraron celebridades del espectáculo. Para ello, modificó gran parte de la programación de los canales de TV que administraba el Estado e incluso orientó cambios en los cuadros directivos de medios privados (como la Agencia Noticias Argentinas).
Las estrategias de perturbación de la opinión pública a través de dispositivos de difusión y propaganda en un ecosistema de comunicaciones unidireccional (mensajes de los medios a sus audiencias) y relativamente simple, en comparación con la multiplicación de plataformas de emisión y distribución de contenidos que distingue al siglo XXI, fueron en la guerra contra el Reino Unido, no obstante, complejas y necesitaron de la disposición a creer por parte de amplios sectores de la sociedad. Que el presidente de facto Leopoldo Galtieri fuese rústico no resta importancia a la eficacia de la operación manipuladora fraguada por la dictadura; al contrario, muestra la ductilidad de una planificación que debió lidiar con el desprestigio in crescendo de las autoridades del autodenominado Proceso de Reorganización Naciona.
Para 1982, la dictadura había impuesto un disciplinamiento basado en el terrorismo estatal y en el ajuste económico. El primero, desplegado en el marco de la suspensión de todas las garantías constitucionales, tuvo su correlato en los asesinatos, desapariciones y secuestros que fueron juzgados y, en buena medida, sentenciados en las posteriores décadas de convivencia democrática. El segundo, basado en un plan económico que castigó a los asalariados, desindustrializó el país e instituyó un régimen de valorización financiera cuya matriz no fue radicalmente alterada, más allá del acento variado que imprimió a su gestión cada uno de los Gobiernos constitucionales desde 1983.
