Los autores reclaman a las editoriales contratos con cláusulas sobre el uso de la inteligencia artificial
La Unión de Escritoras y Escritores de la Argentina (UEE) difundió un comunicado en el que reclama que los contratos de edición de las editoriales locales contengan cláusulas «claras y precisas» sobre el uso de la inteligencia artificial (IA). Para Meta los libros pirateados para entrenar su IA (más de siete millones) no tienen valor económico.
En los últimos años, el crecimiento de la inteligencia artificial ha sido tan vertiginoso como polémico. Uno de los temas que más preocupan a escritores, artistas y creativos en general es cómo estas herramientas están siendo entrenadas; es decir, qué tipo de materiales consumen para «aprender» a generar textos, imágenes o música.
«La aparición de la inteligencia artificial (IA) ha significado una sorpresa más en el mundo editorial, conmocionado en las últimas décadas por continuas y vertiginosas innovaciones en las tecnologías para la realización de libros —comienza el comunicado que firmaron más de 150 escritores—. Como se sabe, ya existen pruebas y hasta producciones en algunas editoriales con las IA, en redacciones, traducciones e imágenes. Para los autores, este hecho produce un cúmulo de dudas.»
Actualmente, la mayoría de las editoriales no contempla ninguna disposición expresa acerca del uso de la IA como herramienta (para escribir, traducir, corregir, diseñar tapas) ni otra que prohíba que los libros sirvan como «alimento» de modelos de lenguaje de empresas tecnológicas sin consulta previa a los autores.
El texto de la UEE —al que también adhirieron la Sociedad de Escritores de la Argentina (SEE) y el Centro PEN— plantea que, en lo inmediato, «los contratos de edición deben manifestar expresamente el insoslayable respeto a los derechos morales de los autores mediante cláusulas en las que se les confiera a los creadores la facultad de restringir, limitar o hasta impedir el uso de las IA en sus obras y/o para que estas se utilicen en el entrenamiento de dichas tecnologías»
El comunicado lleva la firma de reconocidos escritores como María Rosa Lojo, Juan Sasturain, Mempo Giardinelli, Silvia Plager, Elsa Osorio, Gabriela Cabezón Cámara, Oche Califa, Luisa Valenzuela, Ana María Shua, Florencia Etcheves, Sergio Pujol, Miguel Gaya, Leopoldo Teuco Castilla, Sergio Olguín, Enzo Maqueira, Ricardo Mariño, Nicolás Ferraro, Horacio Convertini, Elsa Drucaroff, María Inés Krimer y Ema Wolf, entre muchos otros.
La postura de Meta
En este contexto, Meta —la empresa detrás de Facebook e Instagram— se encuentra envuelta en una controversia que pone sobre la mesa cuestiones éticas, legales y culturales muy importantes que corroboran las sospechas y temores de los escritores
La historia salió a la luz gracias a una investigación publicada por Vanity Fair, que reveló detalles internos del funcionamiento del equipo de Meta encargado de entrenar su modelo de lenguaje llamado Llama. Según documentos internos presentados en una demanda judicial, Meta habría utilizado millones de libros obtenidos de sitios de piratería como Bibliotik, Z-Library y LibGen, plataformas conocidas por ofrecer libros sin respetar los derechos de autor. En total, se habla de más de siete millones de libros utilizados para entrenar la inteligencia artificial sin el consentimiento de los autores ni compensación alguna.
Lo curioso es que al parecer el equipo de Meta AI consideró que estos millones de libros no tenían valor económico basándose en una lógica bastante discutible. En los documentos internos que salieron a la luz durante la demanda judicial, se detalla que los ingenieros y responsables del proyecto Llama llegaron a esa conclusión porque, desde su punto de vista, cada libro individual aportaba una fracción tan pequeña al modelo que no se podía asignarle un valor económico concreto.
En otras palabras, argumentaron que ningún libro por sí solo tenía un impacto significativo en el rendimiento general de la IA. Por eso, creían que no era necesario pagar derechos de autor o compensar a los creadores. Además, intentaron ampararse en el concepto de «uso justo» (o fair use, en inglés), una figura legal que, en algunos casos, permite utilizar obras protegidas sin permiso si el uso es considerado transformativo o educativo. Pero este argumento está lejos de ser aceptado sin cuestionamientos, especialmente cuando se trata de una empresa que obtiene beneficios comerciales a partir del uso de ese contenido.
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