El CELS pidió al Poder Judicial que declare inconstitucional el reglamento de uso de armas de fuego de Bullrich
El organismo de derechos humanos presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para impedir la aplicación de esa normativa para fuerzas de seguridad federales y el servicio penitenciario federal, que se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente.
El 14 de marzo se publicó en el Boletín Oficial la resolución 125/2024 emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación por la cual se aprobó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales. Esta normativa reedita en términos generales el reglamento de uso de armas que había establecido en 2018, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, y que daba lugar a la llamada «doctrina Chocobar».
En la presentación, el CELS sostiene que el reglamento se aparta de los principios, las reglas y los estándares establecidos a nivel internacional para la regulación del uso de armas de fuego. Si bien el texto cita estos estándares internacionales, no los cumple. Al respecto, subraya que las directivas propuestas pasan por alto principios básicos como el de excepcionalidad, progresividad y proporcionalidad en el uso de la fuerza e incumplen las obligaciones jurídicas que el Estado argentino asumió a nivel internacional.
La amplitud de las situaciones en las que los funcionarios están autorizados a disparar sus armas de fuego —señala el CELS—, habilita un amplio margen de discrecionalidad para la evaluación de tales circunstancias, lo cual implica un peligro gravísimo para la vida e integridad física de la población.
Y puntualiza que bajo este nuevo marco legal los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que las fuerzas de seguridad federales podrían responder con el uso de la fuerza letal, aun cuando en la situación de amenaza no hubiera armas de fuego.
En el amparo el CELS plantea que la ministra de Seguridad trae nuevamente a la escena el caso Cohobar, hecho que justamente evidencia la relevancia de una investigación judicial que interprete la normativa y los estándares de uso de la fuerza según cada situación. En el caso Chocobar —recuerda el organismo de derechos humanos— mientras que las autoridades del gobierno de aquel entonces defendieron la intervención policial, la investigación judicial resolvió que el policía había actuado de manera abusiva.
Para el CELS, otro aspecto preocupante es que este reglamento podría habilitar el uso de armas letales dentro de las cárceles por parte del Servicio Penitenciario Federal en situaciones mal definidas en el reglamento. La ley de Ejecución Penal —recuerda el pedido de amparo— es clara en relación con este punto: el personal que está en contacto directo con las personas detenidas no puede portar armas letales.
A su vez, advierte que el reglamento incorpora la prohibición a las oficinas de control policial de imponer sanciones administrativas que afecten la continuidad laboral de los integrantes de las fuerzas que hayan hecho uso de sus armas de fuego.
