Diputados nacionales repudian la resolución que limita el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada
Once diputados nacionales presentaron un proyecto de resolución en el que repudian la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de avanzar en restricciones al ejercicio del periodismo profesional, no sólo a través de la represión de reporteros y camarógrafos en la vía pública, sino en la propia Casa de Gobierno, a través de la Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.
La iniciativa, impulsada por los diputados de Unión por la Patria Pablo Carro, Germán Martínez, Ana Gaillard, Diego Giuliano, Juan Marino, María Parola, Lorena Pokoik, Guillermo Snopek y Eduardo Valdés y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade «exhorta al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto la Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios, que dispuso Lineamientos para la Acreditación de Medios y Función de los Profesionales de la Comunicación en la Casa de Gobierno, con limitaciones a los accesos y a la acreditación de periodistas, configurando todos éstos dispositivos discriminatorios, sesgados y arbitrarios para dificultar la cobertura de conferencias de prensa y actos públicos en la sede del Gobierno».
Salvo Ferraro, el resto de los legisladores integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.
El proyecto también pide «al Poder Ejecutivo que cese el acoso al ejercicio del periodismo profesional, argumentando razones de ordenamiento, cobertura mediática, tipo de vestimenta, entre otras formas de encubrir el amordazamiento a las y los periodistas. Ellos tienen el derecho constitucional y la misión republicana de preguntar sobre los asuntos públicos e informar desde distintos puntos de vista a la población respecto de la actividad en Casa de Gobierno».
Los diputados argumentan —luego de reseñar las medidas adoptados por el Gobierno nacional para restringir el trabajo del periodismo desde el primer día de su gestión— que con esta Resolución «el Gobierno tomó decisiones sistémicas en contra de la información ciudadana, limitando el acceso a más de la mitad de los periodistas acreditados en Casa Rosada y hasta exigiendo un código de vestimenta».
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