Ciencia en la Argentina: Cómo frenar la destrucción
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de Diputados realizó una nueva reunión de la que participaron referentes del sector científico-tecnológico. Allí se habló sobre el impacto de los decretos que modifican la estructura y el funcionamiento de organismos clave como la Agencia I+D+i, el INTI y el INTA, así como de la crisis provocada por el desfinanciamiento y el ataque a la ciencia por parte del Gobierno.
Referentes del sector científico-tecnológico participaron de una reunión convocada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados este jueves 17 de julio, para dar cuenta de la crisis que atraviesa el sistema de ciencia y tecnología en todos los niveles, a partir de los últimos decretos del Gobierno que modifican la estructura y dependencia de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional del Agua (INA), así como por el desfinanciamiento y ataque a este sector por parte del Poder Ejecutivo. Al igual que en otras ocasiones, fueron también invitadas autoridades, como en el caso de Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, que una vez más no asistió a la cita.
Durante la reunión, que duró alrededor de tres horas, algunos de los ejes principales fueron los decretos que modifican radicalmente el funcionamiento y la estructura de la Agencia I+D+i y de otros organismos clave del sistema científico-tecnológico, el desfinanciamiento cada vez mayor que sufre la ciencia argentina, la incertidumbre con respecto al ingreso y a las convocatorias en la carrera de investigador del Conicet, el ataque del Gobierno a las ciencias sociales y a las universidades públicas y la necesidad de articular esfuerzos de resistencia junto con otros sectores como el de la salud.
El diputado Daniel Gollán, presidente de la Comisión, comenzó la reunión recordando que «al día de hoy tendríamos que tener para ciencia y tecnología el 0,45 % del PBI y vamos a tener un 0,16 %. Y, a valores constantes, tenemos la mitad de presupuesto que lo que teníamos en 2023. Esto es demoledor, es un tiro al corazón del sistema científico-tecnológico».
Gollán resaltó la necesidad de apoyar los proyectos legislativos para rechazar los recientes decretos presidenciales, como el 462/25 que propone la centralización del INTI y del INTA bajo la órbita del Ministerio de Economía (mientras que otros organismos directamente son disueltos, como el caso del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena). Otros decretos previos al cese de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo también promovieron la disolución de organismos como el Instituto Nacional de Medicina Tropical y la absorción del Instituto Nacional del Cáncer por parte del Ministerio de Salud, y del Banco Nacional de Datos Genéticos (bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología). El temor es que estas «absorciones» bajo la figura de la reducción de gastos no solo atenten contra el funcionamiento de estas instituciones, sino que sean una vía para más despidos y, finalmente, su desarticulación total.
En el caso de la Agencia I+D+i, mediante el decreto 447/25, no solo se reduce a tres la cantidad de miembros del directorio (que pasan a ser nombrados directamente por el Ejecutivo), sino que también se alteran su propósito y funciones.
«No estamos en presencia de un ajuste, estamos en presencia de una aniquilación», dijo durante su intervención el biólogo Alberto Kornblihtt, profesor emérito de la UBA e investigador superior del Conicet. Con respecto a la situación específica de la Agencia I+D+i, sostuvo que «la sociedad desconoce la palabra Agencia, que es el corazón del financiamiento y la articulación de la ciencia. Sin subsidios de la Agencia esto se muere, la gente se va», agregó.
«El decreto 447 la destruye (por la Agencia I+D+i), le quita su carácter federal y la convierte en un ente autocrático, y eso es lo que hay que frenar. El inciso C del artículo 3 dice que se van a promover cosas que tengan factibilidad económica, tecnológica, porcentaje de riesgo y el recupero del financiamiento reembolsable otorgado. O sea, convertir al financiamiento de la Agencia en préstamos que tienen que ser devueltos, y así no es como funciona la ciencia ni aquí ni en ninguna parte del mundo», dijo Kornblihtt. Y se preguntó: «¿Quién va a financiar la arqueología, la matemática, la física cuántica, la paleontología, el análisis literario, la tectónica de placas, las enfermedades poco frecuentes, la biodiversidad, el cambio climático, el genocidio, el embarazo adolescente, los problemas de educación, las consecuencias de la inteligencia artificial, el abuso de agroquímicos, la resistencia a antibióticos o las infrecciones intrahospitalarias? Nadie, según este Gobierno, y ese es el drama».
Fernando Peirano, expresidente de la Agencia I+D+i, también se refirió a las consecuencias de modificar la estructura y el funcionamiento de la Agencia, y dijo que «de prosperar este decreto nos va a llevar a un país donde va a haber científicos pero no va a haber ciencia argentina como esfuerzo institucional y colectivo».
Peirano dijo que con este decreto se cambian cuatro cosas fundamentales del sistema de ciencia y tecnología de los últimos 25 años en la Argentina. «Se abandona un directorio con diez integrantes que garantizan la diversidad de miradas, la paridad de género y la federalización, para sustituirlo por un comité de tres miembros definidos por el Poder Ejecutivo de turno; se impone un economicismo que atenta contra la naturaleza de la promoción que tiene que también apostar por la ciencia básica; se cambia el rol de la Agencia, que podría cobrar por el servicio de la gestión en competencia desleal con otros actores que ya hacen esto; y se interpreta que la inversión privada es sustituto de los fondos públicos, no un complemento», dijo Peirano. Y agregó que este «no es un asunto de científicos y tecnólogos, es asunto de todos los argentinos», y que no estamos ante «un Gobierno que vino a terminar con la inflación, sino que vino a disputar el sentido de lo que es el desarrollo para el país».
Jorge Schneebeli, gerente del INTI, recordó que hace un año estuvo en una reunión similar y que desde entonces el instituto perdió 740 empleados, cerca del 25 % de su dotación. «Estamos hablando de personas formadas que ya no están», se lamentó, y se refirió a la situación actual de «carreras frenadas y sueldos prácticamente congelados», en el marco del reciente decreto de centralización del INTI que «en la práctica es la disolución del instituto como tal». Schneebeli advirtió que «si queremos tener un país desarrollado, que pueda progresar, necesitamos de las instituciones que hoy se están rompiendo».
Ana Franchi, expresidenta del Conicet, se refirió al impacto del desfinanciamiento: «Estamos perdiendo alrededor del 40 % del presupuesto, con las consecuencias que eso tiene en salarios y becas en investigación». También habló sobre la incertidumbre en los jóvenes investigadores ante la falta de respuesta sobre los ingresos a carrera en el Conicet. «Tenemos más de ochocientos jóvenes que han ingresado y han concursado pero que no han sido nombrados, y más de cuatrocientos técnicos en la misma situación». Y dijo que «hay un deterioro también a mediano plazo, porque las personas jóvenes no pueden armar su carrera. Algunos se van y los que podrían entrar no entran. Hay montones de proyectos interrumpidos. Se están desperdiciando doce y quince años de inversión del Estado argentino y cuando el Estado quiera responder no va a tener con quién».
Mario Pecheny, miembro del directorio del Conicet en representación de las Ciencias Sociales y Humanidades, también se refirió a la incertidumbre de quienes se formaron y apostaron a una carrera de investigación y hoy ven esa posibilidad interrumpida y sin respuesta por parte de las autoridades. «Del concurso que se inició en 2022, los resultados estuvieron en septiembre de 2023 y, de los seleccionados, no tuvo el alta ninguno. La última respuesta que tuve respecto de cuándo el Gobierno pensaba honrar ese compromiso fue «no antes de fin de año». Quienes se presentaron a la convocatoria en 2023, que debería resolverse pronto, están con una incertidumbre mayor. En 2024 no hubo concurso y en 2025 quién sabe».
Pecheny también habló sobre el maltrato, la estigmatización y la discriminación a quienes se dedican a la ciencia y con especial encono en las áreas sociales.«Cada día nos acostamos con el temor de una intervención, de un nuevo recorte arbitrario, de nuevos despidos. O nos encontramos con comentarios despectivos hacia los títulos de nuestros trabajos», dijo. Y agregó: «Hay persecución y discrecionalidad. El secretario Genua y el subsecretario (José Luis) Acevedo decidieron dejar de financiar a dos de las redes federales de alto impacto, las dos de ciencias sociales. Se pidieron explicaciones y seguimos sin respuestas».
Dada la gran cantidad de oradores que deseaban participar (en esta sesión fueron más de veinte), el diputado Gollán anticipó que habrá una nueva reunión el próximo 7 de agosto, para facilitar también la participación de representantes de las distintas provincias. Y alentó a los legisladores presentes y a la comunidad científica en general a apoyar las movilizaciones y proyectos para resistir a las medidas del Gobierno que atacan al sector de ciencia y tecnología.
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