Ataques a la libertad de expresión: La CIDH reconoció una tendencia preocupante en la Argentina
En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Miami, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y entidades periodísticas denunciaron que la administración de Javier Milei impulsa una narrativa que estigmatiza a los periodistas y restringe el debate público. El Gobierno desestimó los datos sobre hostigamiento, amenazas y ataques que condicionan el derecho a la comunicación. La CIDH advirtió sobre una tendencia preocupante y recordó que las voces oficiales tienen responsabilidad en no contribuir a generar riesgos para las personas.
A mediados de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para el 19 de noviembre una audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina, tras recibir pedidos de numerosas organizaciones periodísticas, sindicales, de derechos humanos y del ámbito académico. La audiencia, realizada en la fecha prevista en la Universidad de Miami durante el 194° Período de Sesiones del organismo, unificó las presentaciones de Amnistía Internacional Argentina (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y otras entidades.
En su solicitud, estas organizaciones advirtieron que, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, se registra un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Señalaron un clima de intolerancia del Gobierno nacional hacia la crítica, acompañado de estigmatización, hostigamiento a la prensa y uso de herramientas institucionales para restringir el debate público, en línea con el lema oficialista «No odiamos suficiente a los periodistas». Según sostienen, el discurso gubernamental ha instalado una narrativa de «enemigos» dentro de una autoproclamada «batalla cultural», dirigida contra periodistas, medios críticos, organizaciones sociales y manifestantes. Y precisan que esta estrategia —basada en mensajes cargados de odio y desinformación desde las máximas autoridades— incrementa la polarización, normaliza el agravio y promueve un clima de intimidación que afecta gravemente el debate democrático y la libre circulación de ideas.
Participaron de la audiencia, Amnistía Internacional, Sipreba, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), FOPEA, Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) y el CELS, junto con los periodistas Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y el fotógrafo Tomás Cuesta, quienes relataron los ataques que sufrieron desde que Javier Milei asumió como presidente.
Convocado a dar explicaciones ante la CIDH sobre el deterioro de la libertad de expresión y prensa en el país, el Estado argentino minimizó los reclamos con el argumento de que los hechos presentados son casos aislados. El Gobierno tampoco respondió sobre el marcado crecimiento que tuvieron los ataques a periodistas, fotógrafos y manifestantes en estos casi dos años.
En su exposición, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, negó que existan problemas de libertad de expresión en el país. Argumentó que los ataques individuales no pueden ser adjudicados a políticas de Estado, minimizando que muchos de los ataques en línea hayan sido ejecutados por el presidente. Además, dijo que los testimonios que se brindaron eran irrelevantes para la audiencia.
Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas, las intervenciones de las organizaciones periodísticas, sindicales y de derechos humanos describieron un escenario de ataques hacia las opiniones críticas, el hostigamiento a la prensa y la utilización de la justicia penal y herramientas de vigilancia para restringir las opiniones disidentes. También, el desmantelamiento de los medios públicos, la falta de apoyo a los medios comunitarios, además de las graves condiciones en las que los trabajadores de prensa deben cubrir manifestaciones, así como los riesgos de quienes se manifiestan en el espacio público desde la aplicación del protocolo «antipiquetes» y los operativos represivos. Todo esto en un contexto de vigilancia y control de la opinión, como se pudo saber luego de la publicación de fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional.
Las organizaciones pidieron a la CIDH que monitoree el contexto represivo en la Argentina, solicite al Gobierno medidas que detengan los ataques contra periodistas y voces críticas y ponga fin a la represión contra quienes se manifiestan y quienes cubren esas protestas. Por último, solicitaron una visita de la Comisión, junto con la Relatoría de Libertad de Expresión, a la Argentina.
En sus intervenciones, las autoridades de la CIDH manifestaron su preocupación. El presidente de la CIDH, José Luis Caballero, remarcó que el asunto de la libertad de expresión en Argentina merece una atención especial del organismo y recordó los pronunciamientos al respecto que, en general, instaron al diálogo y a promover mecanismos que tiendan a mejorar la situación.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, subrayó en su intervención que no se trataban de casos singulares, sino que se veía una tendencia que a la Comisión le preocupaba. «Todo hace parecer que hay un contexto de amenazas, criminalización a las personas periodistas o activistas de derechos humanos», dijo.
En la misma línea, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, tomó esos dichos y recordó que para los parámetros de la Comisión «cuando un gobernante se dirige a la prensa lo hace desde una posición de poder y eso puede tener impactos. La voz de una autoridad no es una voz cualquiera. El sistema interamericano aspira a que la voz de toda autoridad no contribuya a la generación de riesgos para otras personas».
La Comisión también destacó el trabajo de la prensa en la reconstrucción de los operativos represivos y la identificación de los responsables.
La audiencia quedó incorporada al registro oficial del 194ª Período de Sesiones y la CIDH anticipó que evaluara la información presentada por las organizaciones y por el Estado argentino, con la posibilidad de emitir recomendaciones específicas si detecta riesgos para la libertad de expresión en el país.
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