Amnistía alerta por el desmantelamiento de políticas de género en Argentina
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Amnistía Internacional advierte acerca de un deterioro profundo de las políticas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género. Con recortes presupuestarios, programas eliminados y un Estado que dejó de garantizar herramientas clave, la organización sostiene que la Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos de mujeres y diversidades desde el retorno democrático.
A dos años del inicio del actual Gobierno nacional, Amnistía Internacional encendió todas las alarmas: denuncia que se profundiza un retroceso sin precedentes en las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género. Los datos que acompañan ese diagnóstico son elocuentes: en un país donde ocurre un femicidio cada 35 horas, los programas clave desaparecen, los presupuestos se evaporan y las estructuras estatales se desarman sin reemplazo.
Desde diciembre de 2023, la administración de Javier Milei avanzó en la desarticulación sistemática de organismos y marcos normativos pensados para proteger a mujeres, niñas, adolescentes y diversidades. Por primera vez en casi cuatro décadas, la Argentina no cuenta con un área estatal con competencias específicas para atender la violencia de género, lo que deja a miles de personas sin acompañamiento jurídico, psicológico ni contención institucional. En paralelo, el presupuesto de los principales programas de prevención cayó un 89 % y se desmantelaron trece iniciativas esenciales, entre ellas el Programa Acercar Derechos (PAD), que entre julio de 2023 y febrero de 2024 asistió a más de 59.000 personas.
«No se trata de hechos aislados», advirtió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. «Forma parte de una ofensiva global, organizada y bien financiada, que busca frenar los avances conquistados por mujeres y diversidades. Hay una agenda internacional que quiere devolvernos a roles tradicionales y borrar luchas que llevan décadas».
Uno de los golpes más sensibles recayó sobre la Línea 144. Creada para asistir a mujeres en situación de violencia, pasó a convertirse en un servicio genérico para «cualquier persona», según el Ministerio de Justicia. Lo que parece un cambio administrativo, para las organizaciones implica un retroceso político: diluye la especificidad de una herramienta nacida para responder a una problemática estructural. Entre 2019 y 2023, la línea intervino en más de 93.000 situaciones de violencia de género; sin embargo, a partir de 2024 perdió dos tercios de su presupuesto, su personal se redujo 45 % y en algunos turnos críticos ya no cuenta con equipos de acompañamiento integral. Para 2026, incluso, desapareció su partida presupuestaria específica.
El Programa Acompañar —que brindó asistencia económica y apoyo a 350.000 mil mujeres desde 2020— atraviesa un achicamiento similar: su presupuesto se desplomó 90 % y sus condiciones de acceso se endurecieron. Miles de mujeres quedaron sin una herramienta clave para salir de situaciones de riesgo.
A todo esto, se suma un retroceso contundente en derechos sexuales y reproductivos. Amnistía reporta que en tan solo un año se triplicaron las denuncias por obstáculos en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). El Estado nacional, además, no adquirió los insumos necesarios para garantizar estos servicios en 2024 y 2025. La distribución de métodos anticonceptivos cayó 81 % respecto de 2023, con un impacto directo en las desigualdades territoriales: la posibilidad de decidir sobre el propio proyecto de vida hoy depende cada vez más del código postal.
El Plan ENIA, que desde 2018 redujo casi a la mitad el embarazo adolescente, también quedó desfinanciado. Para 2026 ejecutaría menos del tres por ciento de lo invertido en 2023. Sin recursos, desaparecen sus metas: asesoramiento a jóvenes, capacitación docente en ESI, distribución de medicación para IVE. En un país donde cada hora cinco niñas o adolescentes se convierten en madres, la advertencia es categórica.
La violencia digital, por su parte, se expande sin freno. Acoso, hostigamiento, doxing, difusión de imágenes íntimas, deepfakes: un ecosistema que apunta especialmente a periodistas, comunicadoras y voceras de género. Amnistía registra un aumento de ataques que genera autocensura y deteriora el debate público. En una audiencia reciente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la organización denunció hostigamiento estatal hacia periodistas: agresiones, campañas de difamación, uso de IA para atacar y demandas judiciales destinadas a intimidar. Las mujeres, subrayó la delegación, enfrentan violencias diferenciadas y sexualizadas.
El caso de la periodista Julia Mengolini fue uno de los más expuestos. Señaló ante la CIDH haber sido víctima de una campaña de ataques inédita, amplificada por el propio presidente, que le dedicó cerca de cien mensajes en la red X. «Cuando las víctimas son mujeres, la violencia toma formas específicas: mensajes sexualizados, ridiculización física, amenazas a la familia. Buscan recordarnos que nuestro lugar es el de objeto, no el de voz pública», explicó Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.
Aunque estos ataques no son nuevos, la organización advierte que su intensidad creció bajo la administración actual. Y cuando provienen de las más altas jerarquías del poder, su capacidad de daño se multiplica.
Todo esto ocurre mientras Argentina se prepara para rendir cuentas en 2026 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la (Cedaw), el máximo órgano de Naciones Unidas en materia de igualdad y no discriminación. La combinación de recortes, desmantelamiento institucional y falta de políticas efectivas coloca al país en riesgo de incumplir estándares internacionales. En ese examen, advierte Amnistía, el mundo estará mirando. Y el gobierno deberá explicar decisiones que hoy profundizan la desprotección de miles de mujeres y diversidades, en un momento histórico que debería exigir exactamente lo contrario.
MÁS INFO
Salsa Golf: un streaming de la Fundación Leloir para contar la ciencia en clave popular
POR LUCIANA MAZZINI PUGA | La Fundación Instituto Leloir lanza Salsa Golf, un nuevo programa de streaming conducido por las jóvenes investigadoras Nerina González y Tomás Peters, que se emite cada último viernes del mes por YouTube con entrevistas, secciones y humor ligero para acercar la ciencia nacional a un público amplio.
El declive discursivo en X y el auge de Instagram: un nuevo liderazgo digital
POR ESFERA REDACCIÓN | En su habitual columna semanal de Monitor Digital, Diego Corbalán analiza cómo el liderazgo político argentino se desvanece en X y se rehace con narrativa visual en Instagram.
Ataques a la libertad de expresión: La CIDH reconoció una tendencia preocupante en la Argentina
POR ESFERA REDACCIÓN | En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Miami, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y entidades periodísticas denunciaron que la administración de Javier Milei impulsa una narrativa que estigmatiza a los periodistas y restringe el debate público. El Gobierno desestimó los datos sobre hostigamiento, amenazas y ataques que condicionan el derecho a la comunicación. La CIDH advirtió sobre una tendencia preocupante y recordó que las voces oficiales tienen responsabilidad en no contribuir a generar.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un marco regulatorio para los servicios audiovisuales en Internet
POR ESFERA REDACCIÓN | Los legisladores brasileños aprobaron el proyecto de ley N° 8889/2017, que crea un nuevo marco regulatorio para los servicios audiovisuales que se ofrecen por Internet, tales como Netflix, Disney+ y Amazon Prime.
