A veinte años de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información: ¿Qué retos enfrentan los pueblos ante el actual panorama digital?

Ante los enormes desafíos que hoy plantea una digitalización que impacta en casi todos los ámbitos de la vida social, los organizadores invitaron a algunos actores de sociedad civil vinculados a la red, que han participado directamente en el proceso de la CMSI+20.

A fin de aclarar las perspectivas a futuro y brindar pistas para posibles abordajes desde los distintos espacios y organizaciones sociales, compartieron sus visiones Paloma Lara-Castro (Derechos Digitales), Valeria Betancourt (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones) y Carlos Baca (Redes A.C. y Rhizomatica).

Los contextos

A modo de introducción y contexto, la periodista Sally Burch (ALAI) señaló que la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informaciónse realizó en dos fases: en 2003 (en Ginebra) y 2005 (en Túnez), siendo el primer foro multilateral de Naciones Unidas dedicado a debatir cuestiones de gobernanza y políticas relacionadas con la comunicación digital.

En aquel Foro, la sociedad civil logró un nivel inédito de coordinación e incidencia, entre cuyos logros fue la introducción de un enfoque de derechos humanos e inclusión social, con temas como género, diversidad cultural, educación, tecnologías libres, entre otros, que inicialmente estuvieron ausentes debido al enfoque tecnocrático de la convocatoria.

Veinte años después, precisó Burch, hay mayor conciencia de que los problemas que enfrentamos en el ámbito digital son muy complejos, y mucho más con la enorme concentración de poder corporativo en el sector, a lo que se añaden las implicaciones de la expansión de la inteligencia artificial.

En vista de que las soluciones propuestas por los gobiernos suelen ser insuficientes, se hace necesario generar acción social y, a la vez, incidir en esos foros para avanzar hacia un modelo democrático en la gobernanza internacional de Internet, instó la comunicadora y activista.

Coordinación estratégica de la sociedad civil

Por su parte, Lara Castro resaltó cómo la revisión de CMSI+20 se está dando en un momento marcado por retrocesos globales en derechos y libertades fundamentales, avances del autoritarismo y reducción del espacio cívico. En ese sentido, señaló que es vital la coordinación estratégica por parte de la sociedad civil en torno a varios ejes.

Asismo, subrayó la importancia de fortalecer las líneas de acción del proceso CMSI en términos del enfoque de inclusión con perspectiva de género e interseccional. Además, articular CMSI+20 con otros procesos cruciales para la defensa de derechos humanos y la agenda de género como el Global Digital Compact (GDC).

Por otra parte, la colocó como un imperativo dar centralidad a los derechos humanos en el proceso de revisión de acuerdo con resoluciones y estándares internacionales establecidos por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por último, se refirió a la necesidad de precisar y garantizar la operatividad de la perspectiva multisectorial, a través de la renovación del mandato del Foro de Gobernanza de Internet, incluyendo explícitamente las Directrices Multisectoriales de São Paulo producto de Netmundial+10.

Desafíos y articulación de esfuerzos de incidencia

A su turno, la ecuatoriana Valeria Betancourt, directora de Incidencia Global de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, destacó como un primer factor positivo la oportunidad de articularse y establecer prioridades comunes y complementarias en la incidencia de la sociedad civil.

En particular, enfatizó en algunos retos que se enfrentan como la desigualdad digital, la financiación insuficiente para la implementación de los objetivos de la CMSI y erosión del concepto de interés público, no solo en el ámbito de la gobernanza digital. Hay también una fragmentación en las respuestas a las violaciones a los derechos humanos y daños ambientales significativos e incluso irreversibles derivados de la digitalización, que a menudo superan los beneficios que podemos obtener de ella.

En otro pasaje de su exposición, apuntó a la dificultad que supone para la incidencia de los actores de la sociedad civil el cambio de sede de las negociaciones sucesivas de Ginebra a Nueva York.

Sin embargo, precisó que este hito permitió organizar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar mecanismos de financiamiento innovadores, que le devuelvan el lugar a la financiación pública, a la revisión de los fondos de servicio universal, la utilización de los recursos fiscales y que analice la cuestión de los impuestos a las grandes corporaciones transnacionales.

La única manera de garantizar que la actuación de las empresas esté orientada al interés público y el cumplimiento de los derechos humanos es mediante regulación, afirmó Betancourt, mientras que hay mucho trabajo por delante para revivir el concepto de bienes comunes, que la sociedad civil reivindicó ya veinte años atrás.

Asegurar que los derechos humanos sean un elemento transversal de todas las líneas de acción de la CMSI, otorgando además un rol formal e institucional en su implementación a la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, indicó.

Betancourt mencionó también la necesidad de incorporar la sostenibilidad ambiental, exigiendo evaluaciones de impacto no solo en lo que se refiere a los entornos de biodiversidad, sino sobre los derechos socioeconómicos y culturales que las tecnologías digitales implican en toda la cadena de valor.

Finalmente, anticipó llamados específicos a la acción, insistió en la clave de articular esfuerzos y asumir compromisos desde las organizaciones sociales para avanzar hacia un horizonte de justicia digital.

Superar desigualdades de acceso desde lógicas comunitarias

En la continuidad del webinario, tomó la palabra Carlos Baca, miembro de Redes A.C. y Rhizomatica, desde donde acompaña a organizaciones de base y comunidades rurales e indígenas del sur global en el desarrollo de proyectos de conectividad y comunicación.

En su intervención, Carlos Baca rescató cómo la CMSI sentó las bases, ya desde sus inicios, para colocar una perspectiva de derechos, más centrada en las personas y el desarrollo humano frente a lógicas hasta entonces dominadas por el mercado y la mera adopción de tecnologías desde un punto de vista mercantil.

Igualmente, ese proceso sirvió para enfocar la brecha digital no solo como una cuestión técnica, sino considerando la situación social y cultural y las barreras de desigualdad existentes. También permitió habilitar múltiples voces con relación al tema digital, aunque esto hoy requiera nuevos mecanismos para volver a ello, al haberse modificado la situación.

Entre los logros alcanzados en las dos décadas desde entonces, Baca recordó que hasta hace poco tiempo no se hablaba de las redes comunitarias como una solución estratégica real a la brecha digital. Hoy esto es considerado por distintos gobiernos, sobre todo del sur global, e incluso por el Pacto Digital Global de Naciones Unidas.

Pero más allá de los cambios en la retórica y la narrativa, el problema sigue siendo como hacer para que el discurso se traduzca en la vida real de las personas. Los modelos de regulación, financiamiento y los paradigmas siguen todavía atados a la fuerte influencia de las corporaciones y las lógicas del sector privado, por lo que es fundamental avanzar en la participación de las comunidades en las decisiones, planificación y ejecución de proyectos.

Un tercio de la población mundial no tiene acceso a internet aún y sin conectividad no es posible hablar de otros derechos digitales, puntualizó Baca. Para derribar las barreras que lo dificultan, es necesario pensar no solamente en extender la cobertura —como habitualmente se piensa— sino también en condiciones estructurales tales como el costo de los servicios, las capacidades de uso y mantenimiento de dispositivos, las aplicaciones pertinentes o cuestiones de suma relevancia como la discapacidad, edad o la lengua, entre otras. En este contexto hay diversidad de iniciativas de conectividad comunitaria, que en definitiva resultan más sostenibles.

Es preciso recalcar en estos marcos que es fundamental un financiamiento directo y flexible que llegue efectivamente a las comunidades, un reconocimiento legal adecuado, acceso a licencias de uso del espectro, procesos de creación de capacidades y apoyo a la producción de contenidos propios, concluyó.

Incidencia y movilización social

Finalmente, se lanzó la pregunta sobre cuáles son las áreas donde no basta la incidencia en foros globales, sino que es necesaria la movilización de amplios sectores sociales. Al evidenciarse una tendencia actual a limitaciones de derechos y de participación efectiva, se afirmó que es clave generar consensos en las posiciones y estrategias comunes entre las organizaciones, incluyendo posibilidades de incidencia en relación con los Estados.

Asimismo, al tratarse de desafíos multidimensionales, es imperativo conectar las luchas en curso por condiciones de vida dignas, que están todas atravesadas por los procesos de digitalización. También, poner a prueba las propuestas identificadas por la sociedad civil, aportando e involucrándose en el proceso desde la particularidad de las agendas de las organizaciones.

Por último, se respondió enfatizando en enfocar la construcción crítica de las políticas públicas desde los procesos emergentes de la misma base social, desde lo comunitario.