Violencia y derechos vulnerados: los medios y el punitivismo
Las pedagogías mediáticas de la violencia generan las condiciones de posibilidad de otras violencias, mientras se invisibiliza la violencia institucional en la agenda informativa y se responsabiliza y criminaliza a personas jóvenes en situación de pobreza con derechos vulnerados.
Que se pudran en la cárcel» es una frase que circula en amplios sectores de la sociedad legitimando violencias. Una encuesta desarrollada recientemente por el Proyecto de Trabajo Social Comunicación y derechos en contexto de encierro, de la Universidad Nacional de Río Negro, arrojó que el 99 % de las personas encuestadas escucharon esa frase o alguna similar, tanto en medios de comunicación como en sus entornos familiares.Estos discursos expresan deseos punitivos de encarcelar más personas en espacios de encierro, con el objetivo de agudizar el sufrimiento y la vulneración de derechos. El trasfondo pareciera ser la idea de que más sufrimiento para quienes cometieron un delito, es más seguridad. Pero la realidad no funciona así.
Estas miradas encuentran legitimación en las pedagogías mediáticas de la violencia. Esto se da, por un lado, por la invisibilización de la violencia institucional en la agenda informativa: según el Monitoreo de noticieros de la Defensoría del Público, solo el dos por ciento de las noticias de «policiales e inseguridad» se refería a la violencia institucional. Paralelamente, y siendo funcional a estos discursos, la industria del entretenimiento nos propone recurrentemente representaciones de las personas detenidas como monstruosas, sádicas y perversas. En estos relatos la violencia es la única forma de resolver los conflictos.
Estas representaciones se basan en lo que el Dr. Raúl Zaffaroni define como Criminología mediática, donde se discrimina, estigmatiza y prisionaliza a un «ellos» que representa el mal de la sociedad.
Lamentablemente, ese «ellos» no son los responsables de los problemas estructurales de la sociedad, son en su mayoría jóvenes en situación de pobreza con derechos históricamente vulnerados. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, el 66 % de las personas detenidas tenía sólo estudios primarios al momento de su detención.
En relación con el ejercicio de los derechos, la encuesta mencionada del proyecto Comunicación y derechos en contexto de encierro arroja que sólo el 25,9 % considera que las personas detenidas tienen que tener derecho a trabajar. Recordemos que según la Ley Nacional N° 24660 el trabajo de las personas detenidas constituye un derecho y un deber, ya que tiene una incidencia positiva. Asimismo, nuestra legislación plantea que parte de la remuneración que reciba por el trabajo va a un fondo de reserva que cobrará la persona detenida cuando recupere la libertad. Es decir, prevé que pueda contar con algo de dinero para esos complejos primeros días de revinculación. Lamentablemente, pocas personas detenidas pueden acceder al derecho al trabajo lo cual le dificulta aún más su inclusión pos penitenciaria.
