Trump firma un decreto que ordena recortes de fondos federales a la radio y televisión pública
Para el mandatario estadounidense «ninguna de las dos entidades presenta a los ciudadanos contribuyentes una imagen justa, precisa e imparcial de la actualidad».
El presidente Trump emitió una orden ejecutiva el jueves pasado que ordena suspender la financiación federal a la National Public Radio (NPR) y la Public Broadcasting Service (PBS), las principales emisoras públicas del país, alegando sesgo ideológico izquierdista.
Ambas cadenas conforman el servicio de radio y televisión público no comercial de los Estados Unidos que producen programas para una red nacional de estaciones de radio y televisión en los cincuenta estados del país. PBS centra buena parte de su programación en contenido educativo y documentales, mientras que NPR se especializa en noticias y música.
«Ninguna de las entidades presenta una descripción justa, precisa e imparcial de la actualidad a los contribuyentes», argumentó el mandatario. La orden instruye a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) a reducir al mínimo legal el presupuesto actual de NPR y PBS, y a negar cualquier «financiación futura» para ambas emisoras.
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La CPB, creada por el Congreso en 1967, es el principal canal de distribución de fondos federales para los medios públicos y cuenta con un presupuesto de unos u$s 535.000.000 para el actual ejercicio fiscal.
La financiación de NPR y PBS depende del Congreso, por lo que el decreto podría toparse con impedimentos legales, como ha ocurrido con anteriores órdenes ejecutivas del presidente. No está claro que el éste tenga la autoridad para dar tales órdenes al CPB según la ley.
El ataque de la administración Trump a los medios públicos comenzó apenas unas semanas después de su investidura. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), designado por Trump como principal regulador de radiodifusión del país, inició una investigación sobre NPR y PBS, alegando que sus anuncios de financiación corporativa parecen violar las leyes que prohíben la publicidad comercial. Carr la ha utilizado para cuestionar la financiación federal de las cadenas y su carácter no comercial.
A comienzos de abril, Trump instó públicamente a los republicanos en el Congreso a cortar el financiamiento a estas emisoras, a las que calificó como «monstruos de la izquierda radical».
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La NPR defendió su independencia editorial. «Las prácticas editoriales y la toma de decisiones de NPR son independientes y libres de influencias externas». Para la NPR Trump viene librando «una guerra retórica contra ella, alimentando y canalizando la desconfianza de sus partidarios hacia la información tradicional».
Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de PBS, Paula Kerger, calificó a la orden ejecutiva «de manifiestamente ilegal». A su vez, la CPB, demandó a la administración Trump por su orden ejecutiva que busca despedir a tres de sus cinco miembros de la junta.
«CPB no es una agencia ejecutiva federal sujeta a la autoridad del presidente», declaró la corporación en un comunicado emitido el viernes 2 de mayo. «El Congreso autorizó y financió directamente a CPB para que fuera una corporación privada sin fines de lucro, totalmente independiente del gobierno federal».
La CPB señaló que el estatuto que el Congreso aprobó para crearlo «prohibía expresamente “a cualquier departamento, agencia, funcionario o empleado de los Estados Unidos ejercer cualquier dirección, supervisión o control sobre la televisión educativa o la radiodifusión, o sobre (la CPB) o cualquiera de sus beneficiarios o contratistas”».
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El Proyecto 2025 y los planes para los medios de comunicaciones de Trump
La Heritage Foundation, el principal centro de estudios conservador de Estados Unidos, reunió a un grupo de veteranos de la administración Trump para crear un plan que defina las prioridades políticas de una segunda administración Trump. El documento de 922 páginas lleva por título The mandate for leadership. The conservastice promise. Este texto también es conocido como Proyecto 2025.
Uno de los capítulos del documento —en total son treinta— está dedicado a los planes para los medios de comunicación, donde propone, entre otras cuestiones, facilitar la confiscación de correos electrónicos y registros telefónicos de periodistas, expulsar a los periodistas de la Casa Blanca, poner la Voz de América bajo el mando del presidente o cerrarla, limitar la publicidad de medicamente recetados, sancionar a exfuncionarios que hablen con periodistas, prohibir TikTok, eliminar las restricciones a la propiedad de los medios, eliminar las protecciones de la Sección 230 y, por supuesto, eliminar la financiación federal para NPR, PBS y la radiodifusión pública.
Este apartado sobre los medios públicos estuvo a cargo de Mike Gonzalez , exeditor de la página editorial del Wall Street Journal, que ha trabajado durante los últimos quince años en la Fundación Heritage. Gonzales dice que «detener la financiación federal a los medios públicos es una buena política».
