«La brecha digital en Argentina se expresa en múltiples dimensiones»
Para el investigador del Conicet y doctor en Ciencias de la Información, la mayor asimetría en materia de acceso, conectividad y derechos obedece a la concentración demográfica en las grandes urbes.
Martín Becerra integró de joven distintas redacciones y hay que buscar en esa experiencia de periodista gráfico el germen de su interés por el funcionamiento de los medios y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Investigador principal en el Conicet y profesor titular en la UBA y en la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige distintos grupos de investigación, desarrolla su trabajo en torno a la estructuración de los sistemas de comunicación y sus políticas.
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también es Magister, Becerra es un actor muy presente en Twitter, red que usa para documentarse de primera mano, seguir a colegas y compartir ideas propias y trabajos comunes. Su cuenta se llama @aracalacana, como el tango homónimo que en lunfardo significa «cuidado que viene la policía», y que, a su entender, aplica perfectamente al funcionamiento de las plataformas de internet.
Recientemente, en un artículo que escribió para el sitio Letra P y que tituló Te amo, te odio, dame Musk, destacó la paradoja de que un multimillonario como Elton Musk se convierta en el único dueño de ese foro público y lo presente como una gesta democratizadora del derecho de expresión. En su opinión, el desembarco del cerebro de PayPal y de Tesla sólo implicará más concentración de poder en una plataforma que, al igual que Facebook o YouTube, «tiene muchos puntos opacos, porque el tratamiento de datos personales, las políticas de moderación y edición de contenidos, los derechos de los usuarios, son claramente zonas erróneas y cajas negras sin auditoría política ni social».
En este extenso diálogo con Redacción Mayo, Becerra habló de la intencionada viralización de falsas noticias, de los efectos que dejó la pandemia en materia de ciudadanía digital y de las políticas públicas que existen y que todavía faltan para democratizar las reglas del juego.
—Si la llamada “brecha digital” marca la distancia en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías según el nivel socioeconómico y geográfico, ¿qué características particulares, si las hubiera, adquiere ese concepto en Argentina?
—En la Argentina tenemos, además de las brechas que separan niveles y tipos de acceso y uso por razones socioeconómicas, de género y de edad comunes a otros países de nuestra región, una marcada asimetría geográfica por la concentración demográfica en grandes urbes, en particular en el área metropolitana de Buenos Aires y, en menor medida, en las ciudades de Córdoba y Gran Córdoba, y Rosario y Gran Rosario. Esta situación afecta notablemente el tipo de tendido de redes, cobertura y acceso a los recursos de las comunicaciones que, como sabemos por las estadísticas que brindan los operadores y recopila el Enacom, acusa grandes diferencias entre los principales centros urbanos y el resto de nuestro país, sobre todo si pensamos en las brechas de quienes viven en localidades pequeñas alejadas de los grandes conglomerados. En la combinación singular entre esta dimensión geográfica, demográfica y los obstáculos que por razones socioeconómicas, etarias y de género dificultan el acceso a las comunicaciones, que son imprescindibles hoy en día para generar condiciones de bienestar, marca el panorama de las brechas en la Argentina.
—¿Hasta qué punto Arsat está logrando el objetivo de su creación, en 2006, de acortar la brecha digital entre las pequeñas localidades y las grandes ciudades? (los grandes proveedores de Internet siguen basando su actividad en la lógica de la rentabilidad)
—En términos generales Arsat ha cumplido una función de moderador de las brechas de modo satisfactorio, construyendo en primer lugar infraestructuras troncales de conectividad allí donde el mercado no lo hacía porque no era rentable o porque la escala de la inversión excedía las posibilidades de actores locales, estableciendo nodos de acceso con criterio federal e innovando en tecnologías satelitales. Todo esto merecería incorporar matices porque obviamente la política de gestión de Arsat fue muy distinta en distintos períodos de gobierno e incluso dentro de un mismo gobierno, en distintas gestiones. Pero a nivel general, ha cumplido esa función. No obstante, hay mejoras pendientes en la relación entre este operador estatal mayorista y cientos de proveedores de servicios domiciliarios de carácter privado, cooperativo y público-provinciales o municipales. Quiero decir que la dinámica del sector obliga a revisar metas y vínculos para que esa relación, que no siempre es de mutuo beneficio, tenga la lógica del servicio público que es la que define la misión de ArSat.
—Acceder al servicio o a la tecnología es una parte del asunto. ¿Qué otras políticas públicas específicas son hoy, a tu entender, las más urgentes?
—Creo que lo primero, lo más importante, es definir una coordinación de todos los espacios de políticas públicas que inciden en la conectividad y en el acceso de la ciudadanía. Esa coordinación es muy compleja y es una tarea que otras urgencias han venido relegando en las prioridades de los distintos gobiernos durante este siglo. Hay que entender que la conectividad es afectada transversalmente por decisiones que, en términos administrativos, se toman en los ministerios de Economía, Educación, Transporte, Desarrollo Social, Cultura, Vivienda, Desarrollo Productivo y Trabajo, además por supuesto de las áreas específicas en lo temático como puede ser el Enacom. Es decir que el desafío es integrar y coordinar estrategias transversales. Porque los niveles de intervención de las políticas abarcan desde la infraestructura física, los estímulos a la programación, la capacidad del Estado para regular reglas de juego democráticas, la producción y distribución de contenidos diversos y federales, la protección de datos personales, la garantía de libertad de expresión y la competencia económica. Lo mismo cabe decir para la definición de políticas sobre Inteligencia Artificial o plataformas digitales.
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