El desafío de regular medios de comunicación tradicionales, redes sociales y plataformas (entre otros)
En este paper, el autor repasa las principales tendencias regulatorias en materia de comunicaciones y nos permite apreciar la complejidad de la tarea de elaborar una nueva legislación para el sector, que concilie la libertad de expresión, el acceso a la información, el pluralismo, la diversidad de voces, la defensa de la competencia, la intimidad, la imagen y el honor, entre tantos otros valores; sumado a la necesidad de expandir la conectividad, con el propósito de evitar que la profunda desigualdad social y económica se traslade al universo de las TIC.
El marco regulatorio en materia de comunicaciones vigente en nuestro país es obsoleto y carece de coherencia. Está conformado, básicamente, por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522, sancionada en 2009 y la Ley Argentina Digital 27078, de 2014, que fueron modificadas en sus partes sustantivas por el DNU 267/15. Asimismo, se dictó el DNU 690/20, que categoriza a los servicios de tecnologías de la información y la comunicación como servicios públicos, esenciales y estratégicos en competencia. Sin perjuicio de ello, esta última norma fue sometida a un proceso de judicialización que condujo a limitar su aplicación. Este peculiar esquema institucional demanda el dictado de una nueva legislación para el sector. No obstante, esta tarea resulta particularmente compleja por diversos factores.
El primero de ellos es que existen muchos y variados actores en el ecosistema comunicacional. Junto a los tradicionales medios gráficos y audiovisuales, como los diarios, las radios y las estaciones de TV, operan un heterogéneo conjunto de empresas que resulta dificultoso clasificar. Plataformas digitales, redes sociales, servicios de video a demanda, motores de búsqueda de información, como Google, Youtube, Netflix, Facebook y Twitter, entre tantas otras, presentan diferentes características, lo que conduce a pensar en regulaciones diversas. Por lo demás, el carácter transnacional de estas empresas complica aún más la elaboración de normas nacionales.
Por otro lado, los cambios en el escenario mediático son tan vertiginosos que las investigaciones académicas y de mercado sobre el tema han quedado rezagadas frente a la velocidad del fenómeno. Asimismo, existe una marcada asimetría de información entre empresarios y legisladores en relación con esta disciplina. Todo esto permite apreciar que, junto con la inexistencia de una doctrina consolidada a la cual recurrir para el diseño de la legislación del sector, además tiene lugar un desigual conocimiento entre los operadores legales y económicos.
Así, el dinamismo propio de las TIC torna obsoleta rápidamente buena parte de la legislación en la materia. En este contexto, la tarea de actualización normativa suele ser encarada por los funcionarios de la administración central y de las agencias reguladoras, más que por los legisladores, dada las dificultades propias del ámbito parlamentario. De este modo, la mayor calidad técnica de las normas se combina con una menor credencial democrática de éstas.
Por otra parte, deben tenerse presentes las diferentes miradas que han existido en torno al fenómeno de Internet a lo largo del tiempo. Pocas innovaciones tecnológicas produjeron tanto optimismo político como la aparición de Internet. Para muchos observadores, la red haría posible la utopía democrática de la comunicación horizontal y la participación en el espacio público a bajo costo. El 15M en Madrid, Occupy Wall Street o la Primavera Árabe funcionaron como confirmación de esta potencialidad democrática de Internet.
Tenía lugar, por entonces, la esperanza de que las TIC contribuirían a democratizar al mundo, conectando a todas las personas. En verdad, no faltaban motivos para ilusionarse. La estructura de la red en la que todo estaba por crearse fue terreno fértil para el surgimiento de medios de comunicación alternativos y la circulación de información sin restricciones, lo que favoreció la difusión de ideas y la participación ciudadana en la vida política.
Entre los optimistas era común ubicarse en una postura liberal clásica que asigna a la información y su libre flujo un valor en sí mismo. No obstante, en los últimos años tuvo lugar un proceso en el cual la Internet libre, abierta y descentralizada de los comienzos, donde la información y los recursos eran compartidos libremente, mutó, al menos en su versión más pública y visible, hacia una Internet plataformizada, es decir, basada en plataformas cerradas y concentradas.
En efecto, la transformación del ecosistema digital se vió complementada por nuevos problemas traídos por las plataformas. El carácter oligopólico de los principales actores, como Facebook y Twitter y monopólico en el caso del principal motor de búsqueda como Google pusieron en peligro la deliberación pública. Este panorama mostraba un escenario diferente del ágora ateniense digital que muchos imaginaban en el albor de las redes sociales.
Desde luego, estas miradas antagónicas sobre los medios de comunicación no es nueva y remite al clásico enfrentamiento entre apocalípticos e integrados, que Umberto Eco describía en 1964. No obstante, me interesa destacar que las diferentes miradas en torno al fenómeno de Internet y las TIC conducen al dictado de medidas regulatorias distintas. No es lo mismo la legislación emergente desde el optimismo que del pesimismo tecnológico.
Actualmente existe una mayor maduración en el análisis del fenómeno de las TIC, que debería conducir a un abordaje más reflexivo que permita el dictado de una legislación que no ignore los riesgos, pero tampoco los beneficios de las nuevas tecnologías.
En este orden de ideas, el objetivo del presente trabajo es mostrar un panorama de las diferentes tendencias regulatorias en materia de comunicaciones, con el propósito de hacer un breve aporte a los debates que conduzcan al dictado de una nueva legislación para este sector.
