POR CAROLINA VÁSQUEZ ARAYA | La persecución contra la prensa —incluido en ella el trabajo de opinión editorial realizado por columnistas de distintos sectores e ideologías— demuestra la debilidad de estas estructuras criminales ancladas en las instancias públicas, pero sobre todo el desprecio por el derecho de la población de ser informada —en detalle y con veracidad— sobre los actos de sus gobernantes.