POR MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE | Este decreto viola la Ley 27275, porque con una modificación reglamentaria cambia la propia norma aprobada en 2016 y no respeta lo que dispone la Constitución nacional, que determina que los derechos consagrados, como el acceso a la información pública, «no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio».