Violencia digital: del dicho al hecho, poco trecho

De la difusión no consentida de material íntimo al acoso virtual y los discursos de odio, la violencia digital gana terreno de la mano de narrativas que la toleran y legitiman. Con las mujeres y los colectivos de la diversidad entre quienes más la sufren, se encienden luces de alarma en un tema central para la convivencia social.

Que las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) transformaron nuestra forma de relacionarnos, trabajar, pensar y amar resulta hoy una obviedad. Que son el soporte por el que circulan y multiplican nuevas y viejas formas de violencia, no parece tan obvio. Así, desde la difusión no consentida de imágenes íntimas a través de WhatsApp o el ataque de trolls mediante la red social X le dan una alarmante fisonomía a un fenómeno que no para de crecer: la violencia digital.

¿De qué se trata? De todas las agresiones que se ejecutan a través de las TCI. Y que, al calor de la multiplicación de los dispositivos, asumen diversas formas: difusión no consentida de material íntimo, extorsión, suplantación de identidad, acoso virtual, discursos de odio, montajes de imágenes, hackeos, troleo y hasta daños informáticos.

La especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital Florencia Zerda reconoce más de quince formas de violencia digital que, si bien pueden afectar tanto a mujeres como varones, tiene entre las primeras a las víctimas más vulnerables y numerosas.

«En el ámbito digital se reproducen las mismas desigualdades y prácticas que en el mundo analógico, pero son las mujeres y los colectivos de la diversidad quienes suelen verse más afectados», advierte en diálogo con Va con firma la autora de Violencia de Género Digital, libro que acaba de tener su segunda edición ampliada.

Esto se debe, según la especialista que forma parte del colectivo Género y TIC (Gentic), a que tienen consecuencias más graves para mujeres y diversidades que para los varones, como sucede con la difusión no consentida de fotos o videos íntimos.

Relevamientos realizados por Naciones Unidas y Amnistía Internacional establecen que una de cada tres mujeres padeció alguna forma de violencia digital en la Argentina durante el tratamiento de la ley del aborto. Especifican también que más de la mitad de quienes son agredidas de manera virtual se ven expulsadas de espacios digitales, especialmente las comunicadoras sociales y activistas de derechos humanos.

Los estudios verifican además que buena parte de las víctimas se autocensura o directamente cierra las redes sociales, privándose así de un medio fundamental para trabajar y expresar sus ideas. También dan cuenta de las consecuencias físicas y psicológicas que acarrea el nuevo fenómeno, desde el más obvio, el miedo, hasta uno de los más complejos, los ataques de pánico.

Un paso adelante y otro atrás

Una herramienta para combatir las nuevas formas de violencia fue la sanción, en octubre de 2023, de la ley Olimpia (27736), que modificó la ley Integral de Violencia contra las Mujeres, incluyendo la violencia digital.

La norma estableció además políticas públicas y educativas, y medidas de protección para que la Justicia pueda, por ejemplo, ordenar que se retire contenido lesivo subido a Internet.

La ley habilita también que un juez pueda disponer la restricción de contacto digital en caso de agresión o acoso, e incluso la intimación al agresor para que frene los ataques a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación.

Distintas organizaciones no gubernamentales reclaman ahora, como complemento, la sanción de la denominada ley Belén. «Buscamos incluir como delitos en el Código Penal la difusión no consentida de material íntimo, la extorsión, el montaje pornográfico con Inteligencia Artificial y el envío no consentido de imágenes de desnudez a través de las TIC», detalla Zerda, quien participó en la redacción de ambas normas.

La posibilidad de que el Congreso de la Nación apruebe la ley Belén está plagada de dificultades. Si bien ya se formó la Comisión de Derecho Penal, el Ministerio de Justicia impulsó una comisión ad hocpara reformar el Código Penal, sin dar señales claras sobre si se van a incluir o no las diferentes modalidades de violencia digital.

«La Comisión de Derecho Penal está trabajando con proyectos enviados por la ministra Patricia Bullrich referidos a Seguridad, pero no hay miras de que se vaya a tratar la ley. Hace más de quince años que buscamos penalizar este tipo de delitos, con apoyo de distintos sectores políticos, pero todavía no pudimos incorporarlos al Código Penal, a pesar de ser agresiones que ocurren todo el tiempo y de que la Argentina está atrasada en la materia», advierte Zerda.

Leña al fuego

El contexto también exige definiciones. Es que los discursos de odio y las narrativas ultraconservadoras que desde el gobierno y las instituciones públicas azuzan distintas formas de violencia, se convierten en un campo propicio para el desarrollo de las agresiones virtuales.

Para Zerda, «las personas que ejercen violencia a través de las redes sociales y ven al Estado y a sus agentes expresar discursos de odio, ya sean agresivos o sutiles, son validadas a hacer lo que hacen. Si lo hace el Estado, cómo no lo voy a hacer yo como ciudadano. Es una forma de dar vía libre a esas personas para que agredan a otras».

La acción individual a través de la Justicia y la organización colectiva para frenar las prácticas violentas, aparecen como antídotos inmediatos y también urgentes para enfrentar el actual estado de cosas.

Pero cómo hacer frente a la violencia de manera efectiva. «Hay que tratar de que la cuenta desde la que se recibe la agresión siga vigente; guardar en los dispositivos los mensajes (chat de WhatsApp, mails, etc.), no eliminarlos, ya que no alcanza con capturas de pantalla si los mensajes y la cuenta agresora desaparecen para poder hacer la denuncia, dado que aún en los casos que todavía no se consideran delito, se pueden lograr medidas de protección para detener la agresión», recomienda la letrada.

Desde una perspectiva de conjunto, la especialista considera fundamental que se pongan en práctica las políticas públicas definidas en la ley Olimpia. «Una de las más importantes es la educación digital: establecer, junto a los programas de ESI, una serie de contenidos para promover buenas prácticas en el uso de las TIC y también para identificar la violencia digital».

El mundo virtual atraviesa la vida cotidiana, tanto en su dimensión individual como social. Frenar la violencia, y apostar a erradicarla, es la forma más radical de no perder sensibilidad ni empatía con el sufrimiento humano. Se trata, tal vez, de seguir siendo profundamente humanos.

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