Macri, dejá de mentir

Si hay algo que ha caracterizado al gobierno de Macri es la construcción de la mentira, sostenida o acompañada por periodistas complacientes que frente a cualquier aseveración jamás repreguntaron.

Desde «el mejor equipo de los últimos cincuenta años», a que iban a construir cuatro mil jardines de infantes con la plata del Fútbol para Todos, jamás nadie le reprenguntó si habían construido por lo menos cuatro jardines de infantes en cuatro años. Ahora, en un hilo de tuits denostando el DNU 690/20 que declaró servicios públicos a las telecomunicaciones y tratando de favorecer una vez más a las empresas concentradas del sector, Macri inventa números absolutamente falsos en el que sostiene que, por culpa del DNU, se frenaron las inversiones en el sector. Vamos a demostrar exactamente lo contrario, empezando por su propio gobierno.

Entre el año 2005 y el año 2015, los gobiernos de Néstor y Cristina invirtieron  el equivalente a u$s 3.200.000.000 en infraestructura de telecomunicaciones, a un promedio de u$s 320.000.000 por año. Allí se contabilizan 34.000 km de fibra óptica a través de Arsat, generando la red federal, la más importante de la Argentina. El diseño, construcción y envío de dos satélites de comunicación geoestacionales que cubren la totalidad del territorio de nuestro país, colocándonos entre los ocho países con capacidad espacial y la instalación de más de cien antenas para la TDA, cubriendo el 85 % de la población para que pueda tener televisión digital, gratuita y de calidad.

Durante el gobierno de Macri la inversión total en cuatro años fue equivalente a lo que anualmente invertía el gobierno anterior, es decir que redujo la inversión estatal al 25 % de la existente, suspendiendo la construcción del Arsat 3 y alquilando un satélite de EE. UU. para cubrir la posición orbital que había que cubrir con un satélite propio. Ni siquiera cambió las baterías de las torres de televisión.

Ahora, aparentemente de la nada pero con la intención de deslegitimar el Decreto que estableció la regulación del precio de las telecomunicaciones, dice que por el DNU las empresas no invierten. En otro hilo de tuits el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini , ya lo desmintió. Efectivamente los números no ayudan al expresidente de la Nación.

A diciembre de 2019 el 62,92 % de los hogares tenían conexión a Internet. Menos de dos años después, a septiembre de 2021 era el 70,58 % de los hogares estaban conectados y al día de hoy superamos el 72 %. Esto significa casi 1.500.000 personas más conectadas.

La velocidad promedio de conexión era, en diciembre de 2019, de 28,26 Mbps, ahora es de 48,46 Mbps; es decir, casi 70 %  mayor velocidad en apenas dos años. Y pasamos de 56.300.000 de líneas de celulares a 57.800.000. Es decir que en estos dos años 1.500.000 de personas más accedieron a Internet domiciliaria, hay 1.300.000 de nuevas líneas de celulares a un 70 % más de velocidad, duplicándose la colocación de fibra óptica.

Desde que asumimos en Enacom hace treinta meses, sostuvimos una misma política: la comunicación como derecho humano básico y el acceso a la conectividad en condiciones de equidad como nuevo derecho ciudadano.

Por eso aprobamos proyectos para barrios populares, para instituciones públicas centradas en educación salud y seguridad. Aprobamos proyectos para  llegar a zonas de difícil acceso o adversas como el delta del Paraná o la Puna y fundamentalmente, para localidades de menos de treinta mil habitantes y poblaciones rurales. Pasamos de cinco programas en 2019 a trece programas en nuestra gestión. Pero lo más importante, pasamos de una inversión total de $ 755.000.000 en los cuatro años de Macri a una inversión de 11.600.000.000 en menos de dos años y medio.

Los datos oficiales de Enacom son elocuentes, por eso no es necesario mentir para defender intereses de empresas concentradas. Tenemos políticas diferentes respecto del gobierno anterior y nos sentimos muy orgullosos de estas políticas que priorizan a los que más necesitan para que el acceso a las telecomunicaciones nos ayude a construir un país más justo e inclusivo.

Si además el Poder Judicial hiciera su tarea respondiendo en tiempo y forma a los recursos presentados por nosotros frente a la suspensión provisoria del DNU, el precio sería justo, equitativo y razonable.