La Defensoría gestionó 3798 consultas y reclamos de audiencias de TV y radio en 2023
Las denuncias tuvieron como consecuencia la realización de una serie de capacitaciones con los periodistas involucrados en la cobertura. En la denominada ley ómnibus el Gobierno nacional propone suprimirla.
Un total de 3798 reclamos y consultas por contenidos de programas de televisión y radio fueron analizados en 2023 por la Defensoría del Público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que organizó capacitaciones con periodistas, gestionó recomendaciones a las empresas de medios y hasta acordó medidas reparadoras para las personas afectadas «siempre con una finalidad pedagógica y sin aplicar sanciones en ningún caso», destacó Pascual Calicchio, secretario general del organismo.
«Somos un organismo con una tarea pedagógica. Nuestra misión es intervenir, recomendar, ofrecer herramientas, capacitar. No tenemos posibilidad de sancionar a los medios y, desde ya, tampoco de censurar contenidos de periodistas y comunicadores», explicó Calicchio.
Casi cincuenta mil periodistas, comunicadores, funcionarios, estudiantes, docentes, campesinos, indígenas, y movimientos y organizaciones sociales participaron este año en actividades de la Defensoría, organismo que el proyecto de ley ómnibus que analiza en Congreso de la Nación postula eliminar.
En 2023, por ejemplo, la Defensoría recibió 1400 denuncias sobre una entrevista realizada en el programa Bien de mañana, que emitió eltrece con la conducción del periodista Fabián Doman, y en las que se imputaba trato discriminatorio a un matrimonio indígena.
A partir de las denuncias, la Defensoría examinó el caso y determinó que el canal «emitió una entrevista a dos personas pertenecientes a un pueblo originario (que se dirigían a participar del Malón de la Paz) de manera irrespetuosa, burlesca y ridiculizante». El informe del organismo describió que en la entrevista existió «banalización hacia una de las personas entrevistadas debido al uso de su lengua originaria».
Las reacciones de las audiencias derivaron en un «pedido de disculpas», que eltrece emitió el 28 de agosto (cuatro días después de la entrevista).
En 2022, la Defensoría acumuló reclamos sobre distintas coberturas que realizó la señal Crónica TV sobre un caso de femicidio ocurrido en Campana, provincia de Buenos Aires.
La Defensoría advirtió la existencia de «coberturas espectacularizantes e inconvenientes porque se identificaron placas y titulares que enfatizaban los aspectos más dramáticos y escabrosos del hecho».
Según un informe del organismo, «se expuso además un contador temporal (a modo de cronómetro) que refería al supuesto tiempo restante para que retiraran los restos de la víctima. Es decir, un conjunto de prácticas audiovisuales que banalizan, revictimizan y deshumanizan el caso».
Las denuncias tuvieron como consecuencia la realización de una serie de capacitaciones con los periodistas involucrados en la cobertura.
La Defensoría no sólo recibe denuncias, sino que, por ejemplo, en 2023 gestionó ante la Justicia Electoral y la TV Pública que el debate presidencial fuera transmitido también con lenguaje de señas. «La ampliación de la accesibilidad de los contenidos de los medios es una de las finalidades de la Defensoría», destacó Calicchio.
—Antes de la creación de la Defensoría las audiencias, ante una afectación, sólo podían recurrir a la Justicia, ¿Cuál es la función que cumple ante los reclamos?
— La recepción de consultas y reclamos de las audiencias revela que existía una necesidad que no era canalizada. Si bien algún caso particular podía llegar al sistema judicial, el tenor de las consultas que se reciben requiere una intervención de otra naturaleza. Había una demanda no cubierta y que no era tratada por un organismo con especificidad en la materia. La Defensoría interviene con funciones pedagógicas o de mediación. Ante los casos concretos examina lo sucedido, se acercan recomendaciones a las partes para un tratamiento periodístico responsable (que no son obligatorias) y si hay una persona afectada se puede buscar una vía reparadora, sea un pedido de disculpas, una capacitación, una rectificación, o lo que necesite la persona vulnerada.
—¿Cuál es la receptividad de periodistas y empresas ante la intervención de la Defensoría?
— En general hay un intercambio positivo, aunque lo que tiene más repercusión suelen ser los negativos. Hay medios que lo tratan como un tema legal y responden con abogados en lugar de atenderlo con una mirada periodística. Pero, en general, existe buena predisposición a trabajar con capacitaciones a los comunicadores y encontrar una salida reparadora satisfactoria para la persona afectada. Las productoras que tienen su casa central en el exterior suelen tener una política empresarial interna muy cuidadosas con los reclamos de los organismos públicos. En el último tiempo, por ejemplo, trabajamos bastante con agencias de publicidad que nos pidieron colaboración para capacitaciones en especial sobre el enfoque del trato a la mujer. Lo hicimos junto con Mujeres en Publicidad (MEP). Por supuesto hay casos puntuales que ignoran las recomendaciones, pero no es el curso mayoritario.
—¿Qué relación tiene la Defensoría con Enacom u otros organismos de gobierno vinculados a la comunicación?
— Producto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 91 comunidades de veintiséis pueblos originarios (de dieicocho provincias) cuentan con autorización para instalar y gestionar su radio o canal de televisión. La Defensoría del Público acompañó la creación de siete radios indígenas desde sus inicios. Se trabajó con más de cien comunidades y organizaciones de 31 pueblos indígenas. También acompañamos y capacitamos junto al Enacom a los medios sin fines de lucro para la obtención de Fondos de Fomento Concursable (Fomeca) y, a partir de los reclamos surgidos en las audiencias públicas en todo el país, intermediamos con la Secretaría de Medios para mejorar su situación respecto a la asignación de la publicidad oficial por el gobierno de la Nación. El fomento al sector no comercial de la comunicación es uno de los aspectos de la ley vigente que es destacado por los organismos internacionales. La Defensoría siempre apuntaló el fortalecimiento de los medios comunitarios y de pueblos originarios. Por otra parte, hicimos llegar al Enacom aquellos reclamos en los que amerita su intervención y también los reclamos que tenían que ver con problemas de funcionamiento de la Televisión Digital Abierta.
Fuente: Télam
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Elogios de los organismos internacionales
La Defensoría del Público —creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 y que funciona desde 2012—, recogió reconocimientos por parte de organismos internacionales de protección de los derechos humanos por su vínculo «no punitivo» con los medios de comunicación y por sus acciones de «fomento a la libertad de expresión».
El 92 % de las consultas y reclamos de las audiencias que recibe la Defensoría, según su informe 2023, fueron sobre contenidos de los medios: seis de cada diez alusiones temáticas refieren a tratos periodísticos discriminatorios, predominantemente respecto de las mujeres. La Defensoría analiza las denuncias y eventualmente realiza dictámenes y tiene intervenciones con los medios infractores (capacitaciones al personal, recomendaciones).
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, destacó «el enfoque no punitivo y su trabajo de promoción del derecho a la libertad de expresión vinculado con la necesidad de que los medios respeten los derechos humanos, la dignidad de las personas y tomen especialmente en cuenta la situación de grupos en desventaja».
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, valoró la importancia de los organismos independientes «en la identificación y denuncia de contenidos de odio», y señaló a la Defensoría del Público de la Argentina como un ejemplo virtuoso en el uso de recursos administrativos no punitivos.
En octubre de 2016, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció la labor de la Defensoría del Público y le otorgó el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva, en la categoría Enfoque de Género y de Derechos por su trabajo en la «promoción de la equidad de género en la radio y televisión argentina».
A su vez, en su informe anual 2021, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reconoció el trabajo realiza por la Defensoría del Público en materia de libertad de expresión y coberturas mediáticas de los juicios de lesa humanidad.
