Hablando de autocríticas… en medios gestionados por el Estado
La democracia necesita medios públicos estatales, no gubernamentales. Una deuda de las políticas de comunicación que ahora facilita la atropellada de Milei contra Télam, la TVP y radio Nacional.
El 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia declaró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional.[1]La Corte Suprema declarala constitucionalidad de la Ley de Medios. Se trata de un fallo citado por las organizaciones, dirigentes, actuales exfuncionarios, militantes que trabajaron, impulsaron o adhirieron a esa iniciativa.
El Centro de Información Judicial detalló que los magistrados señalaron que «deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización y aseguró que es en la etapa de aplicación de la ley en donde deben resolverse muchas de las cuestiones que se plantearon en este juicio. Los jueces afirmaron que deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; el Afsca debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso».
¿Cuánto de eso ocurrió?
Diez años después de esa decisión de la Corte Suprema, en diciembre de 2023 el presidente Javier Milei dice: «La TV Pública se convirtió en un mecanismo de propaganda. No adhiero a las prácticas de tener un ministerio de Propaganda encubierto. Debe ser privatizada, igual que Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado lo va a estar. Télam también». Y añadía:
—«Durante la campaña, el 75 % del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera muy negativa, abonando la campaña sucia, la campaña del miedo».
—«Voy a terminar con la pauta oficial, ya que me parece que robarle a la gente para propaganda política (medios públicos) y condicionar periodistas vía la pauta oficial está mal».
Tras la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el vocero Manuel Adorni confirmó la suspensión por un año de la pauta y el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo: «No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno».
Los argumentos de Javier Milei y sus colaboradores ¿son parecidos a los de la Corte Suprema de Justicia en 2013 cuando dictó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que «los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno»?
El fallo judicial recordado, y lo que ocurrió posteriormente con la aplicación regulatoria, ¿deja entrever un hilo argumental para las políticas libertarias?
Autocrítica… ¿para cuándo?
