POR ESFERA REDACCIÓN | ¿En qué medida las instituciones estatales participativas creadas por las leyes de comunicación audiovisual, telecomunicaciones y acceso a la información, sancionadas con participación social entre 2000 y 2020 en México, Ecuador, Argentina y Uruguay, permitieron a las organizaciones sociales incidir de manera efectiva en la formulación e implementación de políticas para evitar o limitar su captura por parte de las élites políticas y económicas? Para responder este interrogante, María Soledad Segura y Alejandro Linares realizaron un extenso estudio comparativo en los cuatro países, analizando los procesos de formulación legal e implementación de esas políticas.